El 31 de julio fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 153 de 2025 sobre Empresas y Derechos Humanos una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para regular la actuación empresarial en esta materia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral a las personas afectadas por las actividades empresariales.
El 31 de julio fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 153 de 2025 sobre Empresas y Derechos Humanos una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para regular la actuación empresarial en esta materia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral a las personas afectadas por las actividades empresariales.
El Proyecto de Ley 153 de 2025 sobre Empresas y Derechos Humanos, esta iniciativa pretende convertirse en un instrumento normativo clave para Colombia, al establecer principios, obligaciones y mecanismos que regulen la actuación de las empresas frente a la protección y respeto de los derechos humanos. Aunque se trata de un proyecto en trámite legislativo, que deberá surtir aún diferentes debates, representa un avance importante en la construcción de un marco jurídico que responda a los estándares internacionales y a las expectativas sociales sobre el papel de las empresas en esta materia.
Uno de los elementos centrales del proyecto es su amplio ámbito de aplicación, ya que cobija a todas las empresas que realicen actividades económicas en Colombia, sin importar su tamaño, naturaleza, estructura o procedencia de capital. Esto incluye operaciones directas e indirectas, así como las realizadas a través de filiales, subsidiarias, contratistas, proveedores o plataformas digitales. Asimismo, contempla a empresas extranjeras o transnacionales cuyos productos, servicios o decisiones generen un impacto significativo en el país.
La construcción de esta propuesta fue el resultado de un trabajo conjunto entre 28 congresistas de diferentes corrientes políticas. Además, contó con el acompañamiento de organizaciones sociales que han promovido la inclusión de estándares internacionales en la regulación nacional sobre empresas y derechos humanos.
En cuanto a las obligaciones empresariales, el proyecto plantea dos ejes fundamentales: la prevención y el respeto. La primera exige a las empresas identificar, evaluar y mitigar riesgos de afectaciones a los derechos humanos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como el conflicto armado, la violencia, los impactos ambientales graves y las afectaciones a comunidades étnicas. La segunda obliga a no causar, facilitar ni beneficiarse de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, prohibiendo expresamente prácticas como la discriminación, el trabajo infantil o forzoso, los desalojos arbitrarios y la colaboración con actores armados.
El texto también refuerza el papel del Estado, estableciendo la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales mediante medidas regulatorias, preventivas, sancionatorias y de acceso a la justicia. Se propone, además, la creación de una Comisión Intersectorial sobre Empresas y Derechos Humanos como instancia permanente del Gobierno, responsable de coordinar e implementar la política pública en la materia. De igual forma, se ampliarían las facultades de superintendencias y autoridades ambientales para investigar y sancionar afectaciones a los derechos humanos derivadas de operaciones empresariales.
Un aspecto de gran relevancia es el capítulo sobre responsabilidad empresarial y sanciones, que establece que las compañías podrán ser responsabilizadas no solo por sus acciones directas, sino también por las de sus filiales, proveedores o socios comerciales. Las sanciones van desde multas económicas, cancelación de licencias y contratos con el Estado, hasta la publicación de las sanciones en medios de comunicación o incluso el cierre de operaciones en casos graves.
El proyecto incluye, además, mecanismos de acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas, que abarcan indemnización, restitución de tierras o derechos, medidas de rehabilitación, disculpas públicas, garantías de no repetición y proyectos de reparación comunitaria. Estas medidas deben implementarse bajo un enfoque diferencial y de género, garantizando la inclusión y participación de las comunidades afectadas.
Desde la perspectiva empresarial, este proyecto marca un punto de inflexión. De ser aprobado, la debida diligencia en derechos humanos dejará de ser voluntaria y se convertirá en una exigencia legal. Esto implica que las compañías deberán fortalecer sus políticas, procedimientos y mecanismos de trazabilidad en toda la cadena de suministro, asumiendo responsabilidad no solo por sus operaciones directas, sino también por las de sus aliados y proveedores. El incumplimiento de estas obligaciones podría afectar de manera significativa la sostenibilidad de las empresas, al exponerlas a sanciones que van desde la pérdida de permisos y licencias hasta limitaciones en su capacidad de contratación con el Estado.
Ante este panorama, CECODES recomienda a las empresas anticiparse a los cambios regulatorios y comenzar desde ahora a fortalecer su gestión en derechos humanos. Esto incluye sensibilizar a todo el personal, desde la alta dirección hasta los niveles operativos, en torno a la importancia de este tema; revisar y robustecer sus políticas corporativas en concordancia con los Principios Rectores de Naciones Unidas; y reforzar los procesos de debida diligencia con base en guías internacionales como las de la OCDE. Además desde CECODES acompañamos a las empresas en estos procesos de debida diligencia.
De igual manera, resulta clave integrar los riesgos sobre derechos humanos en las matrices corporativas de gestión de riesgos, asignar responsables internos para liderar la agenda en la materia, y establecer controles e indicadores claros para monitorear la cadena de suministro. En este sentido, CECODES ofrece acompañamiento especializado a las empresas, a través de programas como Supply Chain Sostenible en Derechos Humanos, orientado a fortalecer la capacidad de proveedores y aliados comerciales, y espacios de diálogo como Learning By Sharing, diseñados para compartir experiencias y construir soluciones conjuntas en el marco del desarrollo sostenible.
El Proyecto de Ley 153 de 2025 está actualmente a la espera de su primer debate en el Congreso. Aunque el proceso legislativo puede tomar tiempo, resulta importante que las empresas colombianas comiencen desde ya a prepararse para cumplir con los futuros requerimientos. Este es un paso fundamental hacia la consolidación de un entorno empresarial más responsable, sostenible y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.